Córdoba. Consecuencias para el radicalismo por el escándalo de la financiera

El cajero de Ramoncito

Por Lázaro Llorens
12.03.2014
     

En su famosa carta póstuma, el financista Suau había denunciado que dos importantes funcionarios municipales cobraban una coima de 400 mil pesos. Según el texto, serían Juan Pablo Díaz Cardeilhac, secretario de Tránsito y Transporte del municipio, y Juan Pablo Ostanelli, secretario privado y amigo personal del intendente Mestre.

Involucrado. Juan Pablo Ostanelli, amigo y secretario de Mestre, fue vinculado con el financista.

El escándalo de la financiera CBI-Cordubensis, que estalló el 13 de febrero pasado, luego de la aparición sin vida dentro de su camioneta 4x4 de su vicepresidente Jorge Suau en las inmediaciones de Alta Gracia, es una granada de varias esquirlas que está lastimando a conocidos empresarios y funcionarios de las tres principales fuerzas políticas de Córdoba –radicalismo, peronismo y kirchnerismo–.

La semana pasada estas esquirlas llegaron hasta el despacho del intendente Ramón Javier Mestre, luego de que la prensa filtrara que en su famosa carta póstuma el financista Suau había denunciado que dos importantes funcionarios municipales cobran una coima de 400 mil pesos, a través de financiera CBI, “por no controlar la cuenta recaudatoria de la municipalidad y Siemens-Atos”. Los funcionarios implicados, según el financista muerto, serían Juan Pablo Díaz Cardeilhac, secretario de Tránsito y Transporte del municipio, y Juan Pablo Ostanelli, secretario privado y amigo personal del intendente Mestre.

“La monetización de cheques en negro supera los dos millones de pesos diarios, llegó a ser cercana a los 5 millones en la época red bus estando comprometido en esto la Municipalidad de Córdoba, con las gestiones del anterior intendente Giacomino y el actual Mestre (…) esta operación supera los tres millones diarios y el señor Díaz Cardeilhac recibe una coima mensual de 400.000 pesos por no controlar la cuenta recaudatoria de la municipalidad y Siemens Atos, este monto nos fue solicitado en su momento en forma personal a nosotros por una tal Juan Pablo Ostanelli y el nombrado Díaz Cardeilhac, el intermediario y negociador de Siemens es el señor Fernando Gaviglio”, relata textualmente, con lujo de detalles, el financista Suau en su carta.

“Es una gran infamia y una gran mentira de una persona que hoy no puede dar explicaciones, pero que si estuviese, estaría imputado por haber estafado a miles de cordobeses”, dijo al respecto el secretario de Transporte Díaz Cardeilhac, un funcionario de vasta trayectoria en la gestión pública, quien sin embargo reconoció la existencia del contrato entre CBI y Siemens-Atos. “Les di la orden a mis funcionarios de ponerse inmediatamente a disposición de la Justicia”, dijo por su parte Mestre, tras un largo mutismo, y luego de un largo viaje “comercial” por Rusia, para comprar una decena de trolebuses que luego se supo se fabricarían también en la Argentina, viaje que el intendente emprendió junto a su secretario privado Ostanelli.

¿Quién es Juan Pablo? En todo este culebrón financiero, quien curiosamente no emitió una sola palabra sobre las denuncias que los salpican fue Ostanelli, a pesar de que no es la primera vez que su nombre se ve envuelto con el presunto cobro de coimas en la función pública. A fines del 2012, ante la revista Infonegocio, la concejal Olga Riutort, sin pelos en la lengua, le enrostró a Ostanelli ser el “cajero” del intendente radical, tarea a la que por ese entonces se habría sumado el joven empresario Federico Máscolo. “Te lo digo con conocimiento. No soy chicanera en estas cosas. El pibe este Ostanelli era el cajero único pero ahora le salió otro, Máscolo. Y no hay empresario que no que te diga que están asfixiados, porque por caminar les piden el 30%, por respirar otro 30%. Esto no lo vi en mi puta vida, te lo juro”, aseguró la concejal.

Sus denuncias sobrevinieron luego de la aprobación del nuevo marco regulatorio del transporte, donde Riutort advirtió la creación de una millonaria mesa de dinero sin control. “Hay un artículo en el pliego de condiciones donde dice que Siemens va a retener el 30 por ciento de la recaudación diaria de las empresas. Estamos hablando de 15 millones de pesos al mes. Y no se sabe ¿por qué?, ¿para qué?, ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué se va a hacer con el interés que generará?”, advertía la edil en consonancia con lo que luego denunció Suau en su carta póstuma.

Sobre el controvertido secretario privado del intendente radical, lo propio sostiene el senador del FAP Luis Juez, ex intendente de la ciudad de Córdoba, quien hace un tiempo había señalado que, con Mestre, “había vuelto el peaje”, y que ahora, a raíz del escándalo de la financiera-CBI, condicionó el acuerdo político que su fuerza estaban tratando de alcanzar con el radicalismo. “El intendente (Mestre) sabe que nosotros tenemos pruebas de que funcionarios de su extrema confianza están muy involucrados con el manejo irregular de fondos públicos, y que eso no sólo es un impedimento para cualquier entendimiento en el futuro, sino que nos inhabilita para seguir conversando con ese sector del radicalismo”, aseguró Juez, quien sobre los cobros de “peajes” reveló públicamente que fueron 12 millones de dólares a la empresa Siemens Atos. Estos funcionarios son los dos Juan Pablo: Díaz Cardeilhac y Ostanelli.

Por este motivo, el jueves pasado, en la primera sesión ordinaria del año, el concejal juecista Estaban Domina, con el respaldo de los bloques Eva Duarte (Riutort) y Unión por Córdoba (delasotismo) presentó un pedido de informe para conocer detalles de la vinculación de la municipalidad con la financiera CBI-Cordubensis. “Datos recientes indican que la recaudación de Red Bus se cambiaba por cheques que, según esas fuentes, se depositaban en la cuenta de transporte del municipio en el Banco de Córdoba, aprovechando que se trata de una cuenta exenta de impuestos. De corroborarse lo hasta aquí manifestado, estaríamos frente a hechos graves de corrupción que afectan al erario público, ya que la recaudación del transporte urbano de pasajeros habría sido objeto de maniobras financieras ilegales, supuestamente con participación, por acción u omisión, de funcionarios municipales”, fundamenta el concejal Dómina en su pedido, que abre más la brecha entre el radicalismo y el FAP.

Amigos íntimos. Pocas cosas son casuales y sobre todo en política. El mutismo de Díaz Cardeilhac y Ostanelli, quienes hasta ahora no se presentaron ante la Justicia como se los indicó Mestre, no es casual. De confirmarse el cobro de “peajes”, difícilmente Mestre pueda despegarse de Ostanelli. Este, además de ser su secretario privado, es su íntimo amigo. Se conocen desde hace años, desde que cursaban en la universidad, donde compartieron muchas y largas fiestas. Además, ambos son hijos de conocidos funcionarios públicos. Mestre es hijo de Ramón Bautista Mestre, ex gobernador de Córdoba, famoso por sus gestiones de ajuste, y responsable de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001. Ostanelli, por su parte, es hijo de Juan Carlos Ostanelli, un funcionario del gobierno de San Luis, de quien se dice estuvo alejado y preso un tiempo, por haberse quedado con el dinero de una presunta coima no rendida, actividad en la que ahora incurriría su hijo.

Por esta razón, Ostanelli fue el asesor principal de Mestre cuando este llegó en el 2009 al Congreso nacional, para ocupar su banca como senador. De hecho, los dos supieron usar al Congreso no para hacer gestión pública, sino para disfrutar placenteros viajes como el que compartieron hace poco en Rusia. Uno de estos fue a mediado del 2010, cuando Mestre, junto a Ostanelli y Marcelo Cossar, actual viceintendente de la ciudad, participaron de todas las fiestas programadas del lanzamiento de la temporada invernal de Termas de Río Hondo; fiestas a la que asistieron por invitación del gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, un radical K, íntimo de Mestre y Ostanelli.

Otro placentero viaje que disfrutaron juntos, con todos los gastos pagos por el Senado, fue a Francia, en junio del 2011, para concurrir a un “Acto de Cooperación entre el Senado de Francia y la Universidad del Salvador”. Para ello, según consta en el expediente HSN-1381/2011, el actual intendente y su secretario privado recibieron unos 4.400 dólares cada uno –35 mil pesos actuales– para afrontar el viaje en avión y siete días de viáticos.

Claro que antes de ser asesor de Mestre, Ostanelli ya conocía las sabrosas mieles que arroja el poder, dado que hasta el 2009 él había sido asesor en el Senado del ex senador kirchnerista Roberto Urquía, dueño de la aceitera AGD y uno de los principales lobbistas de las cerealeras.
Además, cabe añadir que la relación entre Mestre y Ostanelli no es sólo afectiva, sino sobre todo burocrática y ejecutiva. Textualmente, el organigrama del municipio indica que la secretaría privada tiene como función “asistir directamente al titular del Departamento Ejecutivo Municipal, receptar y responder la documentación y correspondencia del departamento ejecutivo. Por otro lado se encarga de otorgar audiencias y organizar la agenda del Intendente, como así también planifica y ejecuta la difusión de la información a la población sobre las acciones de gobierno”.

Los lazos son tan estrechos que en enero del 2012, pocos días después de asumir la intendencia, Ostanelli acompañó a Mestre y a su viceintendente Cossar a la ciudad de Carlos Paz, a la inauguración del lujoso Teatro Luxor, que abría con la obra Stravaganza de Flavio Mendoza. Para la ocasión, Mestre llegó al teatro en un Porsche deportivo –sin patente– propiedad de Máscolo, el joven empresario cordobés señalado por Riutort de ser el otro “cajero” del intendente.

Esta ligadura entre el intendente de Córdoba, su secretario privado y el viceintendente se ve reflejada en los negocios que Marcelo Arnolfo Cossar mantiene con Ostanelli. Ambos son socios de la firma Juanmar S.A., creada oficialmente el 17 de julio del 2008, cuyo nombre surge de los primeros nombres de cada uno: Juan (Ostanelli) y Marcelo (Cossar). Juanmar S.A. tiene una duración de 99 años, su presidente es Ostanelli, y según el Boletín Oficial, su objeto social es “la producción, industrialización, fraccionamiento, envasado, compra, venta, importación, exportación y distribución (…) de todos tipos de productos de harina, tortas, helados, dulces, confituras, bombones, comidas, bebidas, jugos, productos químicos relacionados con la alimentación”; “la explotación de confiterías, casas de té y panaderías”, y la “organización, asesoramiento y atención de hoteles y moteles, salones de fiesta, restaurantes, confiterías, pizzerías, bares y casas de comidas. Y servicios de gastronomía y delivery”.

Esta sociedad compartida con Cossar no es poco para Ostanelli, un joven de apenas 41 años, cuya carrera básicamente se forjó al calor de la función pública. Tampoco la única. El 16 de julio del 2008, un día antes de fundar Juanmar S.A., el secretario privado de Mestre creó también Jucema S.A., una firma que tiene casi el mismo objeto social que Juanmar S.A. En esta otra empresa, Ostanelli fue vicepresidente y director suplente. Sus socios son Mariano Adolfo Monti, ex empelado de la AFIP y actual titular del estudio contable Fowler & Monti, y César Ignacio Moraña, actual director titular y presidente la firma Somil S.A., que en Córdoba explota las franquicias de Cardón, Dulcerías y Caffeto, cuyo negocio debe controlar la Municipalidad de Córdoba capitaneada por Mestre y Cossar.

Lo curioso es que todo este explosivo desarrollo de Ostanelli, tanto en su actividad privada como pública, no parecen reflejarse en su declaración jurada de bienes, que presenta sugestivas omisiones. Según se puede observar en la página web del municipio (http://transparencia.cordoba.gov.ar/declaraciones-juradas ) actualmente Ostanelli dice tener sólo un patrimonio de 1,3 millones de pesos. Este se compone por 544 mil pesos en “embarcaciones y aeronaves”; 518 mil en “otros bienes” que no especifica; 200 mil pesos en “inmuebles”, valor que sólo tendría un terreno baldío en un punto alejado de la ciudad, y 14 mil pesos en “sociedades comerciales de capital” que corresponderían aparentemente a Jucema S.A. y Juanmar S.A.

El problema con la declaración jurada de Ostanelli es que como lo exige la ley, la misma no tiene fecha de presentación, carátula, ni firma del declarante, omisión que viola abiertamente las ordenanzas 11.249 y 11.270 que regulan su presentación, y que no tiene las declaraciones de otros funcionarios. Esta ordenanzas establecen además que la falta de información en las declaraciones juradas puede dejar al funcionario inhabilitado por el término de cinco años para ejercer cargos públicos, y que al contestarse alguna omisión, hay que dirigirse al presidente del Tribunal de Cuentas o al presidente del Concejo Deliberante, es decir el viceintendente Cossar, socio de Ostanelli, sindicado de ser el cajero de Mestre.

12.03.2014
     
El caso Nelson Castro
Periodismo de dos caras
Debate sobre la apertura en la iglesia
Cambio de hábitos
Editorial: diálogo entre juristas
Será justicia
Diálogo a fondo con Eugenio Zaffaroni, Julián Axat y Guido Croxatto
La Justicia en el banquillo
El Coloquio de IDEA espera a los precandidatos
La hora de las promesas
Marcelo Chancalay, acusado de lavar dinero
Puntero en desgracia
A dos años de la ruptura, la CGT podría unirse
En plena negociación