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Las pruebas y las dudas

Por Ernesto Tenembaum
12.12.2012
     

Dolor y denuncia. Susana Trimarco acusa a los jueces tucumanos tras el fallo de absolución general.

En pocos días se cumplen ocho años de la tragedia de Cromañón, ocurrida una de las noches más trágicas de la historia argentina. El dato viene a cuento no sólo por la obligación de no olvidar los reiterados episodios en los que la corrupción, la desidia y la avaricia enlutaron al país –este año, sin ir más lejos, el combo mortal se repitió en la masacre de Once– sino además porque en el marco de aquel desastre se produjo un cruce muy parecido a otro que ocurrió esta semana.

Como se sabe, la actitud del entonces presidente Néstor Kirchner respecto de Cromañón fue, por decirlo de alguna manera, ambigua. Durante unos días permaneció en Santa Cruz. Cuando volvió se quejó porque la prensa había destacado su silencio –fue, en rigor, su primera queja contra el periodismo–. Y luego volvió a callar.

Cinco meses después, en mayo, la sociedad recibió indignada la decisión judicial de excarcelar al empresario Omar Chabán, el responsable del local de la tragedia. Una cámara integrada por jueces honestos consideró que no había peligro de fuga ni de reincidencia y que entonces correspondía que Chabán esperara la sentencia en libertad. La sensación era parecida a la de estos días. Incluso hubo algún hecho aislado de violencia. Entonces, Néstor Kirchner habló de nuevo.

Dijo: “Esto no tiene que pasar más en la Argentina. Sé que me van a decir que me tendría que callar, que estoy violando la independencia de poderes. Que digan lo que quieran. Pero realmente a mí me toca ser presidente de todos los argentinos y soy un ser humano como todos”.

El encargado de responderle, en ese momento, fue el flamante juez de la Corte Eugenio Zaffaroni: “Hasta en la política hay ciertos límites éticos y en consecuencia sería conveniente dejar a la Justicia trabajar tranquila. No intentar sacar provecho, sacar votos, de una coyuntura tan desgraciada, tan catastrófica, tan calamitosa. Lo mejor que podría hacer el poder político es no exacerbar a la opinión pública en ningún sentido y tratar de no conseguir votos con una desgracia de esta magnitud”.

El miércoles pasado, tras el fallo absolutorio en el caso de Marita Verón, ocurrió algo similar. La sociedad naturalmente estaba indignada y muy dolida por la noticia. Durante meses, los medios difundieron la historia –en realidad, durante años–. Es lógico que exista un reclamo de justicia. La inmensa mayoría de la población no tiene por qué conocer las razones de una absolución o la fortaleza de una prueba. La impunidad en un caso puede deberse a un mal trabajo de la policía, a una equivocación, a la corrupción de los jueces, o a un sinnúmero de factores. En cualquier caso, está claro que el principal defecto del Estado fue no haber encontrado a la persona desaparecida y, en segundo lugar, no haber condenado a los culpables, fueran estos los acusados o no.

Ante una sociedad tan sensibilizada como lo estuvo ocho años antes por la liberación de Chabán, habló la Presidenta de la Nación. El párrafo parece casi calcado de lo que había dicho su antecesor en el cargo.

Dijo Cristina Fernández de Kirchner, en referencia al fallo sobre el caso Marita Verón: “Yo digo que, y de esto me hago cargo de lo que digo… No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas que no les importa nada”.

Es rara esa afirmación: no tengo pruebas, pero no tengo dudas, dijo.

Es difícil imaginar qué otro mecanismo hay para sacarse las dudas de un caso de corrupción que la existencia de pruebas, o al menos de algún indicio. ¿Cuál fue en este caso el método para sacarse las dudas?

La frase presidencial, que acusa sin pruebas pero sin dudas a un tribunal por supuesta corrupción, fue pronunciada en el marco de una seguidilla de discursos en contra del Poder Judicial. Luego de los pequeños traspiés en la pelea por la ley de medios y del duro documento de las organizaciones más representativas de los jueces que denunciaron las presiones del Ejecutivo, todo el oficialismo comenzó a repetir slogans contra la Justicia. El domingo, frente a una Plaza de Mayo llena, CFK había ido más allá y acusó a los jueces, así, en general, de ser culpables de la inseguridad, porque dejan salir libres a delincuentes peligrosos. “Hay sectores que se siguen conduciendo con una lógica de no respeto a la voluntad popular. Y no lo digo únicamente por la Ley de Medios, lo digo también por esos ciudadanos, esas ciudadanas que por allí ven que magistrados o jueces sin responsabilidad dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir, a matar, o a violar”.

En esta ocasión no fue Eugenio Zaffaroni quien la criticó, como había ocurrido con Néstor Kirchner en el 2004, sino el Centro de Estudios Legales y Sociales: “El CELS, que participó en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y acompaña el reclamo por su completa vigencia, objeta esta afirmación que legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal, ya demasiado fuerte en medios de comunicación y administraciones provinciales. Estas afirmaciones distraen del debate sobre el funcionamiento de la justicia penal y sobre las políticas democráticas de prevención y reducción de la violencia y el delito que deben encararse. Por estremecedores que sean, los pocos casos en que personas sometidas a proceso han matado o violado no justifican el cuestionamiento genérico a los magistrados que aplican las leyes, la Constitución Nacional y las convenciones internacionales de derechos humanos. El ordenamiento jurídico argentino no autoriza, sin debido proceso y condena judicial, a privar a nadie de la libertad por su peligrosidad”.

El miércoles, luego del polémico fallo, la Presidenta la respondió al CELS: “Sé lo que pasa con esto, como lo dije aquella noche, y a alguna organización no le gustó, como lo dije públicamente. Cuando digo que los jueces dejan entrar y salir a narcotraficantes o a gente que viola o a gente que mata… No le gustó a una organización. Pero nunca pensé que podía pasar en este juicio. Porque había tenido tal nivel de carnadura, de conocimiento, que les iba a ser muy difícil. Pero yo digo que, y de esto me hago cargo de lo que digo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas que no les importa nada”.

Cuando Néstor Kirchner objetó de manera tan brutal la liberación de Omar Chabán, se trataba apenas de un gesto aislado, destinado apenas a utilizar a favor propio una tragedia. En este caso no es así. La bronca del Ejecutivo por distintos gestos de independencia de la Justicia –en causas tan diversas como la ley de medios, los juicios de jubilados contra la ANSeS o la investigación que involucró al vicepresidente– gatilló una campaña, que recién empieza, para desprestigiar masivamente a todos los miembros del Poder Judicial sin distinción. En estos últimos días, se los ha hecho responsables del golpe de 1930, de una sublevación de jueces contra el gobierno militar en 1945, de la absolución de los acusados del caso Verón, de la inseguridad y de la trata de personas.

La acusación por corrupción contra jueces tucumanos se produjo apenas tres días después que la Presidenta hablara de “fierros” judiciales y que un sinnúmero de dirigentes, periodistas e intelectuales salieran repetir, en tonos variados, la misma cantinela: la Justicia es corrupta, nunca fue reformada desde la dictadura militar, hay que democratizarla.

Todo se hace sin pruebas.

Pero sin dudas.

Como siempre.

A esta altura, es todo un método.

Sin pruebas, pero sin dudas.

12.12.2012
     
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