La Mesa de Enlace amenaza de nuevo

Campo travieso

Por Adrián Murano
31.05.2012
     

El campo se ilusiona con una nueva ofensiva contra el modelo K. Retiene divisas para presionar sobre la moneda, amenaza con una rebelión fiscal y planea volver a las rutas. La alianza con el Grupo Clarín. Mirá la galería de fotos.

El próximo 25 de junio se cumplirá el centenario del Grito de Alcorta, la rebelión chacarera que marcó un hito histórico de la Nación. Ese día, en ese poblado del sur santafesino, unos trescientos campesinos hartos de los abusos de la oligarquía terrateniente declararon una huelga general en reclamo de sistemas más justos de comercialización y arrendamiento rural. El desafío se diseminó rápido por toda la pampa gringa y puso en aprietos al poder económico de la época, que respondió como suele hacerlo cuando ve amenazados sus privilegios: con represión y violencia, metiendo miedo.

Esa vez, sin embargo, el método no funcionó. Los gringos vencieron sus propios recelos y pelearon hasta el final, descubriendo, en el camino, que la unión hacía la fuerza. En aquella lucha nació la Federación Agraria Argentina (FAA), una agrupación de campesinos que se propuso proteger los derechos del pequeño y mediano productor. Es imposible saber qué opinarían hoy los mártires del Grito de Alcorta al observar al presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, defendiendo con tanto empeño los intereses de los herederos de aquella oligarquía terrateniente abusiva y criminal.

En su defensa, Buzzi podría alegar que los tiempos cambiaron. Que aquella lucha de clases alumbró una burguesía campera próspera y pujante, que los abusados ya no son los chacareros sino los trabajadores –pero que ese es un problema de la UATRE, el gremio cautivo de las patronales rurales– y que, hoy, el enemigo común es el Estado que pretende cobrarles impuestos.

El líder de los federados podría argumentar que su alianza con la Sociedad –de la oligarquía– Rural es “hija de las circunstancias”, como dijo hace cuatro años, cuando se integró la Mesa de Enlace que resistió la resolución 125 que modificaba el régimen de retenciones a las exportaciones agrarias. O admitir, en un rapto de honestidad, que lo único que hoy diferencia a muchos federados del resto de las patronales rurales es la cantidad de hectáreas que explotan o poseen sus afiliados. Ni más, ni menos. Por eso, en estos días, Buzzi se vuelve a mostrar del brazo del jefe de la SRA, Hugo Biolcati, para encabezar otra resistencia contributiva. Ahora la lucha es contra el revalúo del inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires y reformas tributarias similares que se promueven en Entre Ríos y Santa Fe. Curiosidades del calendario: los federados van a conmemorar el Grito de Alcorta defendiendo los privilegios que combatieron un siglo atrás.

La nueva amenaza de piquete chacarero surgió de un proyecto oficial que pretende actualizar el valor de la tierra, hecho que no se produce desde 1955, cuando se completó el último catastro rural. El año no puede tomarse como un dato casual: la caída del primer peronismo inició una larga saga de dictaduras y gobiernos democráticos débiles –o funcionales– que no se animaron a confrontar con el poder de la patria campera. El último intento fallido de hacer ese catastro explicita los métodos que la oligarquía terrateniente dispuso para proteger sus intereses. En 1974, Juan Perón le encargó al INTA que realizara un revalúo rural de todo el territorio nacional. Para 1975, los especialistas del instituto habían logrado completar el catastro de dos provincias clave, Buenos Aires y Santa Fe. Pero la tarea se interrumpió con el golpe de Estado de 1976. No sólo eso: para evitar cualquier riesgo futuro, el gobierno de facto ordenó destruir los documentos. Y los dos ingenieros del INTA fueron “desaparecidos” por el aparato criminal de la dictadura. La oligarquía rural respiró aliviada y se mostró agradecida.

La historia explica por qué tuvieron que pasar casi nueve años de era K para avanzar en un terreno tan sensible. Si la modificación de alícuotas arancelarias en 2008 provocó un huracán destituyente, era de esperar que el campo reaccionaría con furia ante cualquier atisbo de reforma impositiva. Sólo la formidable acumulación de legitimidad política y popular cosechada en las urnas, y una alta dosis de audacia política, permite que ahora provincia y Nación avancen con un proyecto que pretende poner los números en su lugar.

No hace falta ser un especialista para sospechar que el valor comercial de la tierra se multiplicó de manera exponencial. Y las cifras lo corroboran: en la última década el precio promedio de la hectárea en la zona núcleo pampeana se valorizó por encima del 700 por ciento (ver gráficos). Sin embargo, este crecimiento no fue registrado por el fisco, que siguió percibiendo ingresos magros por la retrasada valuación fiscal. En una columna de opinión publicada por el diario Tiempo Argentino, la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, explicó que “los sucesivos contextos históricos han impedido subsanar esta injusticia social y, al no poder actualizar el valor fiscal de las tierras, los gobiernos provinciales han utilizado coeficientes zonales que provocan importantes distorsiones al impuesto, eliminando su progresividad. Así es que –continúa la ministra– el mayor peso tributario recae sobre la industria manufacturera, mientras que el sector rural se encuentra entre los sectores que menos aportan al fisco provincial”.

Existen razones urgentes que empujan esta reforma. En el marco de un mundo a la deriva, el Gobierno busca desacoplar al mercado interno de la volatilidad que reina en la economía global. Como quedó demostrado durante la crisis del 2008-2009, este objetivo sólo se logra con inversión pública en áreas sensibles como energía e infraestructura. Y eso requiere de fondos que, en buena medida, provienen de la recaudación. Recurrir a otros mecanismos como el endeudamiento –tan promocionado por el establishment de economistas mediático– o la emisión monetaria no son una opción: endeudarse a tasas de dos dígitos, además de empeñar las finanzas futuras, implica el riesgo de terminar financiando la fuga de divisas que, en un contexto de restricción comercial externa, alimenta los reflejos devaluacionistas de los especuladores de siempre.

En el aspecto recaudatorio, la provincia proyecta incorporar unos 2.600 millones de pesos con esta reforma impositiva que además del inmobiliario rural incorpora reformas en otros rubros como Ingresos Brutos, Sellos y eliminación de exenciones. Pero no sólo esa coyuntura fiscal explica por qué se avanza ahora sobre este viejo tabú. El perfil impositivo de un Estado –provincial, nacional– permite orientar su modelo productivo. Los beneficios fiscales a los sectores extractivos o productores de commodities favorecen la primarización de la economía y desalientan la agregación de valor. La reforma, entonces, propone revertir ese proceso, premiando la inversión. Como explica Batakis en su columna: “Se desgravan las ‘mejoras productivas’ (silos, galpones, molinos, aguadas, etc.) focalizando el impuesto rural sólo sobre la tierra y beneficiando la actividad productiva”. Y agrega un dato crucial: “Con esta modificación propuesta, un 62 por ciento de partidas (40 por ciento en hectáreas) disminuye de valor respecto a lo que están pagando en la actualidad”. Dicho de otro modo: la reforma beneficia a 6 de cada 10 contribuyentes rurales ¿Por qué, entonces, los dirigentes chacareros –en especial la FAA– amenazan con una resistencia nacional contra un revalúo que beneficia a los que menos tienen?

Simple: el problema no es la alícuota que cobrará el gobierno de Daniel Scioli, sino que el sinceramiento del valor de las tierras permitirá actualizar la base de Bienes Personales y Ganancia mínima presunta, dos impuestos donde muchos productores rurales jugaban a la invisibilidad. Y que cobra la Nación. Esto fue, precisamente, lo que despertó la ira de la patronal campera: embarcados en una larga guerra santa contra el gobierno K, los dirigentes del campo, naturalmente reactivos al pago de impuestos –el sector es el que más evade en la Argentina–, se niegan a aportar recursos a un modelo que imaginan “anticampo”. Una lectura de la realidad que choca con el fuerte aporte que el Estado hizo en la última década para resucitar a un sector ahogado en deudas y dotarlo de competitividad. Es cierto: el Gobierno gozó de esa resurrección que financió los años de crecimiento récord. Pero una cosa era resurgir de las cenizas de 2001, y otra sentar las bases de un sistema productivo sustentable.

Un informe reciente del INTA proyecta que, de agregarles valor a sus commodities, el país podría exportar por 100 mil millones de dólares para el 2020. Esto significaría duplicar la cifra actual, que orilla los 40 mil millones. Con un dato adicional: la incorporación de valor a las materias primas requiere de mano de obra intensiva, una diferencia crucial con la economía primarizada de baja demanda laboral que propone la agrodependencia.

Al cierre de esta edición, las patronales rurales se disponían a marchar sobre la Legislatura bonaerense para protestar contra la reforma. La primera versión de esa marcha, ocurrida un mes atrás, terminó en escándalo, con Biolcati arengando a su patota a tomar el Parlamento. Como ocurrió en 2008, el multimedios Clarín –que organiza y patrocina la feria Expoagro– fue piadoso con sus socios camperos. Al fin y al cabo, a ambos los alienta el mismo objetivo: condicionar al Gobierno. En estos días, las patronales chacareras ensayan limitaciones varias. Además de amenazar con paralizar las rutas, el sector viene frenando la liquidación de divisas reteniendo soja en silobolsas. El diario BAE estimó que la retención supera los 8 mil millones de dólares. Esto obliga al Gobierno a extremar el cuidado del stock de divisas del Banco Central, provocando el mal humor de los sectores medios excitados por los medios del Grupo Clarín que informan el minuto a minuto del “dólar blue”.

Asociados en la desgracia de combatir a un gobierno fortalecido por la voluntad popular, las patronales camperas se ilusionan con replicar una rebelión elitista que, con ironía, la historia recuerda como el Grito de la avenida Figueroa Alcorta. Las segundas partes, se sabe, nunca fueron buenas.

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Opinión 

La cobardía de los sojeros
Por Jorge Rulli
Ecologista y fundador del grupo de Reflexión Rural

Creo que el revalúo es justo, pese a que la situación de la provincia de Buenos Aires es muy difícil y es el peor momento para hacer justicia. La producción ha disminuido por la sequía, igual que los arrendamientos en el campo que se calculan en quintales de soja. El suelo se ha empobrecido mucho, debido al monocultivo, en muchos lugares, el horizonte A del suelo ha prácticamente desaparecido. Se crea de nuevo un falso conflicto entre la masa de sojeros medianos y el Gobierno donde ambos no se comprenden.

La crítica que les hago a los sojeros medianos es su cobardía, en la medida en que no denuncian el modelo de sojización. Un modelo en el que los exportadores, que son a la vez acopiadores granarios y son quienes los abusan, se quedan con el grueso de la torta. Y los sojeros en vez de denunciar que las retenciones son un derecho a la exportación que no deberían pagar ellos, las pagan, lo cual es un absurdo que todos aceptan, incluido el Gobierno. El exportador acopiador cuando compra recauda la retención a nombre del Estado, pero se supone que la debería pagar el exportador, no el productor. Todos son cómplices en mantener el silencio. Una vez se lo reproché a unos sojeros y me dijeron: “Mire, Cristina pasa, pero yo con el exportador tengo que seguir trabajando, no lo puedo denunciar”. Los grandes sojeros no se quejan porque corren con mucha ventaja, hacen mejores arreglos y hasta muchos exportan a través de Nueva Palmira, el puerto de Uruguay, sin pagar retenciones ni IVA. Se vuelve a repetir una crisis del campo sin claridad en la confrontación.

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Opinión

Un debate pendiente
Por Guillermo Martini
Coordinador de la Corriente Agraria Nacional y Popular(CANPO) 

Desde la Corriente Agraria Nacional y Popular, creemos que es importante la iniciativa del gobierno bonaerense de enviar un proyecto a la Legislatura para reformar el sistema impositivo rural, a partir de la modificación de los impuestos de sellos, ingresos brutos y el Inmobiliario Rural.

Un debate que nos debemos como sociedad, producto de que en los últimos años, traccionados por la suba continua de la soja en el mercado internacional y el boom inmobiliario, los precios de los campos se incrementaron de manera extraordinaria. Situación que no se trasladó a los valores fiscales, que se mantienen congelados desde hace 20 años. Mientras que el poder de compra de los propietarios se multiplicó en los últimos diez, sus obligaciones tributarias con el gobierno bonaerense no siguieron la misma progresividad y siguen estancados. Las viviendas, con una cotización comercial en aumento, en menor proporción que los campos, fueron revaluadas por el fisco. Situación que no es nada equitativa. Privilegiando el interés sectorial de las, ya enriquecidas, patronales ruralistas por sobre la potestad del Estado. Quienes de cara a la convalidación electoral de octubre pasado tuvieron un nulo apoyo popular, pretenden imponer la lógica de estas minorías privilegiadas, como lo han hecho históricamente, violentando el mandato y los ámbitos de los representantes legislativos.

Hoy como ayer, unidos y organizados, enfrentamos con política a las corporaciones.

31.05.2012
     
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